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Por Alejandra Otero
Imágenes | AUGC
Cuatro agentes de la Guardia Civil se echaron a la carretera para dar caza a unos atracadores tras recibir un aviso de atraco. La urgencia de interceptar a los ladrones les llevó a pisar de más el acelerador y no cumplir con el límite de velocidad: ambos coches en los que viajaban fueron fotografiados por un radar.
Pese a que demostraron mediante los informes pertinentes que estaban atendiendo una alerta, se abrieron diligencias judiciales contra este cuarteto de guardias civiles considerándose que habrían incurrido en un posible delito de tráfico: el exceso de velocidad que firmaron lo tipificaba como tal. La Fiscalía lo ha desestimado.
El límite de la carretera era de 80 km/h
Lo denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Granada: sin determinar fecha, estos cuatro agentes respondieron a un aviso sobre las 3:00 en una localidad de Granada. Señalan que ante la gravedad de la alerta «las patrullas más cercanas recibieron la orden de acudir con la máxima celeridad para impedir el delito y prestar auxilio». Por desgracia, y pese a lo rápido que se movilizaron y la velocidad a la que circularon, no lograron dar con los atracadores.
La sorpresa de estos guardias civiles fue mayúscula cuando la Agrupación de Tráfico (GIAT) de Sevilla ordenó «instruir diligencias penales contra los agentes de ambas patrullas«. Señalan que enviaron informes que demostraban la alerta y urgencia trasladada por la Central Operativa de Servicios (COS), pero no sirvió de mucho: se les instó a comparecer en el juzgado, determinándose un posible delito de seguridad vial.
El radar les detectó en una vía con la velocidad limitada a 80 km/h. La AUGC no detalla cuál fue el exceso de velocidad pero, dado que en vías interurbanas se considera como delito superar el límite en más de 80 km/h, habrían ido como mínimo a 161 km/h. Mes y medio después de los hechos, los cuatro agentes fueron citados ante el Juzgado de Guardia para prestar declaración.
Pero se han librado. La AUGC señala que tanto la Fiscalía como la autoridad judicial descartaron la existencia de responsabilidad penal alguna, archivando la causa. Si hubiera determinado que habían incurrido en un delito de tráfico por exceso de velocidad podrían haber sido castigados con penas de cárcel de tres a seis meses, multa o trabajos en beneficio de la comunidad y la retirada del carnet entre uno y cuatro años. «El fiscal que vio el atestado dijo que en treinta años no había visto nada igual, que era inaudito«, explica a El Español un portavoz de AUGC.
Desde la AUGC critican que se llegara a abrir causa judicial por este motivo: «Consideramos incomprensible que quienes diariamente asumen riesgos para proteger a los ciudadanos terminen sentados ante un juez por cumplir órdenes de urgencia». También exigen a la Dirección General de la Guardia Civil «un protocolo claro y uniforme para este tipo de actuaciones un protocolo claro y uniforme para este tipo de actuaciones».
Cabe señalar que la Ley de Tráfico recoge en su Artículo 25 que los vehículos de servicio de urgencia públicos o privados (policía, ambulancias, bomberos…) pueden superar el límite cuando acuden a un servicio de urgencia.
Imágenes | AUGC
