Foto: Moto1pro (Jörg Künstle )
La Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM) acaba de emitir la siguiente declaración pública, coincidiendo en sus conceptos con Revista SMotos…
ANIM rechaza ordenanza municipal de Independencia que restringe uso de motocicletas
y advierte efectos negativos
(referido fundamentalmente a la prohibición de circulación de dos personas en moto)
La Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM) manifiesta su profunda
preocupación y rechazo frente a la reciente ordenanza aprobada por la Municipalidad de
Independencia que impone restricciones específicas a la circulación de motocicletas, bajo el
argumento de enfrentar los delitos cometidos desde estos vehículos.
Como ANIM, reconocemos y compartimos la urgencia de mejorar la seguridad ciudadana, pero
consideramos que medidas como las adoptadas por este municipio no solo son
inconstitucionales, discriminatorias y estigmatizantes, sino también ineficaces si se analizan
desde la evidencia internacional, como lo demuestra el estudio “Restricciones a motocicletas y
sus efectos sobre el crimen en Colombia”, realizado por la Facultad de Economía de la
Universidad colombiana de Los Andes.
Experiencias como la de Colombia, donde más de 25 ciudades han implementado
restricciones similares, incluyendo la prohibición de acompañantes o la circulación en ciertos
horarios, han demostrado que este tipo de políticas no reduce significativamente la
criminalidad. Estudios académicos de alto nivel concluyen que los efectos son marginales,
poco sostenibles en el tiempo y, en muchos casos, generan un simple desplazamiento espacial
del delito, además de afectar desproporcionadamente a trabajadores honestos.
En Chile, más de 600.000 personas utilizan la motocicleta como su principal medio de
transporte laboral, contribuyendo al dinamismo económico y a la distribución eficiente de
bienes y servicios. La moto cumple un rol social importante, permite reducir tiempos de
traslado, aumentar la cobertura territorial y acceder a oportunidades laborales que el
transporte público aún no garantiza.
Por ello, hacemos un llamado a las autoridades municipales y nacionales a adoptar una mirada
más moderna, inclusiva y basada en datos. La solución a la inseguridad no puede ser
criminalizar un medio de transporte completo ni castigar a quienes lo utilizan como
herramienta de trabajo.
Instamos a que se convoquen mesas de diálogo con gremios, trabajadores y expertos en
movilidad para diseñar políticas públicas equilibradas, que mejoren la seguridad sin vulnerar
derechos ni limitar el desarrollo laboral.
ANIM seguirá promoviendo el uso seguro, formal y responsable de la motocicleta, y abogará
siempre por políticas públicas que reconozcan su rol estratégico en la movilidad urbana del
siglo XXI.
